En Buenos Aires, Puntarenas
El cantón de Buenos Aires, Puntarenas alberga la mayor diversidad cultural del país, siendo el único que concentra una cuarta parte de los territorios indígenas de Costa Rica; Brunkas o Borucas, Brörán-Térraba, Bribri y Cábecar. No obstante, a pesar de que se han delimitado legalmente seis territorios en esta zona, más del 50% de la tierra está bajo la posesión ilegal de personas no indígenas.
Entre la posesión ilegal del territorio, la inacción del Estado, la falta de conocimiento integral de los conflictos de la zona y otros factores, se han exacerbado los ciclos de violencia en contra de las personas indígenas por parte de los poseedores de tierra de manera ilegal, permeando su realidad con amenazas de muerte, agresión con armas, agresión policial, intentos de homicidio, asesinatos, daños a inmuebles comunitarios, discursos de odio, etc.
El conflicto
En agosto de 2010, líderes indígenas ocuparon pacíficamente el Salón de Beneméritos de la Patria en la Asamblea Legislativa, exigiendo la votación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, estancado por 17 años. A pesar de su demanda, fueron desalojados por la fuerza y el proyecto quedó sin votarse. Además, la imposición de proyectos como el PH Diquís del ICE, sin consulta previa conforme al Convenio 169 de la OIT, y el establecimiento de Asociaciones de Desarrollo Indígena como gobiernos locales, han vulnerado la autonomía indígena y erosionado su confianza en las instituciones.
Frente a esto, los terratenientes no indígenas han intensificado la violencia, con acciones como tiroteos, amenazas, incendios y asesinatos, incluyendo los de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera. Estas agresiones han contado con la complicidad de algunos medios, autoridades locales y redes sociales.
En respuesta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió Medidas Cautelares (MC 321-12) en 2015 para proteger a las comunidades de Salitre y Térraba, pero el protocolo tardó dos años en implementarse. Asimismo, organismos internacionales como la ONU han cuestionado a Costa Rica por incumplir sus obligaciones con los pueblos indígenas.
A pesar de los compromisos asumidos tras el asesinato de Sergio Rojas en 2019, las agresiones contra familias recuperadoras persisten en los territorios indígenas, y la inacción del estado continua.
